sábado, 22 de septiembre de 2012

LA REFORMA CONSTITUCIONAL DE 2008 EN MATERIA PENAL


LA REFORMA CONSTITUCIONAL DE 2008 EN MATERIA PENAL
POR ENRIQUE ADAR GUADARRAMA ZEA
MAESTRO EN DEFENSA Y PROMOCION DE LOS DERECHOS HUMANOS POR LA UACM

Desde el 18 de junio del 2008 nos encontramos ante una situación que nos obliga a estar atentos y participar en el cambio que se propone respecto al derecho penal. Por ejemplo en lo referente a la pena de prisión descrita en el artículo 18 representa en parte un cambio que puede resultar trascendente dependiendo de la acogida y aceptación de las autoridades judiciales y ejecutivas.

El 18 de junio de 2008 fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación las reformas y adiciones a los artículos 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22; las fracciones XXI y XXIII del artículo 73; la fracción VII del artículo 115 y la fracción XIII del apartado B del artículo 123, todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, estas reformas se venían gestando desde 2004 cuando el entonces Ejecutivo federal había presentado una iniciativa en la que se proponía la reforma a varios artículos constitucionales y a la par anexaban nuevos textos.

Al parecer los objetivos de estas reformas son: primero procurar un cambio o sustitución del régimen inquisitorial o inquisitivo por un sistema acusatorio y oral, segundo es dotar a los órganos del estado de mayores elementos para combatir la delincuencia y principalmente a las organizaciones criminales.

ARTÍCULO 16, párrafo tercero, se indica ahora que solo la autoridad judicial podrá librar la orden de aprehensión, siempre que preceda denuncia o querella de un hecho que la ley señale y sancione como delito con pena privativa de libertad, así como "obren datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión". Esta modificación constitucional es cuestionable y puede ser riesgosa, en virtud de que en el nuevo contexto Ministerio Público y jueces de control pueden volver tan laxa la exigencia para emitir la orden de aprehensión que faciliten atentados contra la libertad y los derechos humanos, amén de que las expresiones cuerpo del delito y probable responsabilidad tenían un significado semejante al que ahora se utiliza en la norma constitucional.

En las comunicaciones privadas que son inviolables, párrafo onceavo del artículo 16, se ha establecido una excepción para cuando sean aportadas en forma voluntaria por los particulares que participen en ellas, en éste caso el juez valorará su alcance siempre y cuando contengan información relacionada con la comisión de un delito. En ningún otro caso, se agrega, se admitirán comunicaciones que violen el deber de confidencialidad que establezca la ley.

ARTÍCULO 17. Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho.

Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales.

Las leyes preverán mecanismos alternativos de solución de controversias. En la materia penal regularán su aplicación, asegurarán la reparación del daño y establecerán los casos en los que se requerirá supervisión judicial.

Las sentencias que pongan fin a los procedimientos orales deberán ser explicadas en audiencia pública previa citación de las partes.

Las leyes federales y locales establecerán los medios necesarios para que se garantice la independencia de los tribunales y la plena ejecución de sus resoluciones.

La Federación, los Estados y el Distrito Federal garantizarán la existencia de un servicio de defensoría pública de calidad para la población y asegurarán las condiciones para un servicio profesional de carrera para los defensores. Las percepciones de los defensores no podrán ser inferiores a las que correspondan a los agentes del Ministerio Público.

Nadie puede ser aprisionado por deudas de carácter puramente civil…"[1].

Es importante destacar que los párrafos que nos ocupan en este estudio, son aquellos que se dirigen a establecer mecanismos alternativos de solución de controversias en aras de agilizar la administración de Justicia. Es decir, se procurará que los procesos penales brinden una mayor satisfacción al ciudadano en el menor tiempo posible. La intención del legislador es clara: la prioridad es la búsqueda de soluciones expeditas, lo cual implica un reconocimiento de la inoperancia o la insuficiencia del sistema judicial mexicano actual, tal y como se encuentra estructurado.

El legislador también busca inspirar transparencia y confianza hacia la población. De acuerdo al nuevo texto Constitucional, las sentencias deberán ser explicadas a las partes en audiencia pública. No obstante, sería bastante interesante saber cómo resolverá las controversias el Juzgador cuando en los juicios civiles o en ausencia del inculpado - en el supuesto de que se evada de la prisión preventiva la cual solo podrá serle impuesta por la comisión de un delito grave- el procedimiento se siga en rebeldía.

La Justicia Penal de acuerdo a su estructuración actual obliga a plantear la urgente necesidad de eliminar el sistema de justicia escrito e impersonal, y modernizarlo a través de procesos públicos transparentes, breves, que reduzcan al mínimo la corrupción e incrementen la calidad de la justicia, pero sobre todo que privilegien los principios de presunción de inocencia, inmediatez y publicidad.

En este sentido, el sistema penal mexicano es mixto,  sin embargo hay que remarcar que los principios que inspiran al sistema oral, son la inmediatividad, en cuanto es obligatoria la presencia del Juez en las audiencias. Asimismo, se encuentra también como elemento destacado la vinculación entre los sujetos de la relación procesal, puesto que estos se conocen directamente, no a través de promociones y recursos y el de concentración de los actos procesales, es decir, la práctica de varias diligencias en un solo acto, para dotar de unidad al proceso, consideramos que  la escritura sirve para documentar mediante el levantamiento de actas, los actos orales.

ARTICULO 18.- Las reformas y adiciones al artículo 18 cuya limitación corresponde a la pena de prisión y su ejecución, su esencia radica en buscar y presentar una reforma substancial en el ámbito ejecutivo de la pena de privativa de la libertad(específicamente se refiere a la pena de prisión), primero se da un cambio de denominación de pena corporal por pena privativa de la libertad, segundo se sustituye al sistema penal por el sistema penitenciario) que se refiere al ámbito ejecutivo de la pena de prisión o privativa de libertad, tercero también cambia el termino de readaptación social por el de reinserción social (ahora ya no se pretende readaptar al sentenciado sino simplemente reinsertarlo a la sociedad o mejor dicho reintegrarlo en un grupo o sociedad, la nueva redacción señala que para lograr la reinserción del sentenciado, el sistema penitenciario se organizará sobre la base y capacitación para el trabajo, la educación, y agrega la salud y el deporte), cuarto también existe una nueva correlación entre delincuencia organizada y la pena privativa de libertad, para tal efecto se destinarán centros especiales, parece buena la idea, pero habrá que tomar en cuenta la erogación de recursos económicos, su mantenimiento y el personal especializado para cumplir esta encomienda.

ARTICULO 19 lo que se agrega es lo referente a todo mal tratamiento en la aprehensión o en las prisiones, toda molestia que se infiera sin motivo legal, toda gabela o contribución, en las cárceles, son abusos que serán corregidos por las leyes y reprimidos por las autoridades”  aquí me parece que el legislador omitió modificar las palabras prisión y cárcel por penitenciarias, que ahora emplea la reforma.

b. Oralidad y Mediación: Reglas básicas para su instrumentación en el orden Jurídico mexicano.

La oralidad y su instrumentación encuentra sus reglas básicas en el nuevo artículo 20 Constitucional, que se reproduce a continuación a la letra puesto que refleja de manera puntual la adopción de los principios que fundamentarán el nuevo proceso penal mexicano a partir del siglo XXI.

ARTÍCULO 20. En la actual tesitura del 20 Constitucional y de acuerdo a los planteamientos de diversos promotores de la Reforma Constitucional en materia penal, se emplearán medios electrónicos para respaldar la construcción del proceso penal oral, lo cual puede ser harto riesgoso, dada la alta capacidad de manipulación que pueden sufrir los dispositivos electrónicos de almacenamiento y transmisión de información en la actual era de la alta tecnología al alcance de las masas.

Consideramos que la tecnología si bien puede ayudar para suplir la demora en la administración y procuración de Justicia, sin embargo no es lo único que requiere, pues es necesaria la capacitación del personal, pero también no hay que confiar ciegamente en la tecnología, por lo que habrá de crearse un respaldo escrito.

En relación con el proceso penal este será acusatorio y oral. Se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación.

A. De los principios generales:

I. El proceso penal tendrá por objeto el esclarecimiento de los hechos, proteger al inocente, procurar que el culpable no quede impune y que los daños causados por el delito se reparen;

II. Toda audiencia se desarrollará en presencia del juez, sin que pueda delegar en ninguna persona el desahogo y la valoración de las pruebas, la cual deberá realizarse de manera libre y lógica;

III. Para los efectos de la sentencia sólo se considerarán como prueba aquellas que hayan sido desahogadas en la audiencia de juicio. La ley establecerá las excepciones y los requisitos para admitir en juicio la prueba anticipada, que por su naturaleza requiera desahogo previo;

IV. El juicio se celebrará ante un juez que no haya conocido del caso previamente. La presentación de los argumentos y los elementos probatorios se desarrollará de manera pública, contradictoria y oral;

V. La carga de la prueba para demostrar la culpabilidad corresponde a la parte acusadora, conforme lo establezca el tipo penal. Las partes tendrán igualdad procesal para sostener la acusación o la defensa, respectivamente;

VI. Ningún juzgador podrá tratar asuntos que estén sujetos a proceso con cualquiera de las partes sin que esté presente la otra, respetando en todo momento el principio de contradicción, salvo las excepciones que establece esta Constitución;

VII. Una vez iniciado el proceso penal, siempre y cuando no exista oposición del inculpado, se podrá decretar su terminación anticipada en los supuestos y bajo las modalidades que determine la ley. Si el imputado reconoce ante la autoridad judicial, voluntariamente y con conocimiento de las consecuencias, su participación en el delito y existen medios de convicción suficientes para corroborar la imputación, el juez citará a audiencia de sentencia. La ley establecerá los beneficios que se podrán otorgar al inculpado cuando acepte su responsabilidad;

VIII. El juez sólo condenará cuando exista convicción de la culpabilidad del procesado;

IX. Cualquier prueba obtenida con violación de derechos fundamentales será nula, y

X. Los principios previstos en este artículo, se observarán también en las audiencias preliminares al juicio.

B. De los derechos de toda persona imputada:

I. A que se presuma su inocencia mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por el juez de la causa;

II. A declarar o a guardar silencio. Desde el momento de su detención se le harán saber los motivos de la misma y su derecho a guardar silencio, el cual no podrá ser utilizado en su perjuicio. Queda prohibida y será sancionada por la ley penal, toda incomunicación, intimidación o tortura. La confesión rendida sin la asistencia del defensor carecerá de todo valor probatorio;

III. A que se le informe, tanto en el momento de su detención como en su comparecencia ante el Ministerio Público o el juez, los hechos que se le imputan y los derechos que le asisten. Tratándose de delincuencia organizada, la autoridad judicial podrá autorizar que se mantenga en reserva el nombre y datos del acusador.

La ley establecerá beneficios a favor del inculpado, procesado o sentenciado que preste ayuda eficaz para la investigación y persecución de delitos en materia de delincuencia organizada;

IV. Se le recibirán los testigos y demás pruebas pertinentes que ofrezca, concediéndosele el tiempo que la ley estime necesario al efecto y auxiliándosele para obtener la comparecencia de las personas cuyo testimonio solicite, en los términos que señale la ley;

V. Será juzgado en audiencia pública por un juez o tribunal. La publicidad sólo podrá restringirse en los casos de excepción que determine la ley, por razones de seguridad nacional, seguridad pública, protección de las víctimas, testigos y menores, cuando se ponga en riesgo la revelación de datos legalmente protegidos, o cuando el tribunal estime que existen razones fundadas para justificarlo…" (Senado de la República: 2008)

Como vemos, hay una profunda transformación de los principios para la construcción de un proceso penal: existe un franco reconocimiento a las garantías y derechos humanos del inculpado, pero al mismo tiempo, se abre un nuevo abanico de responsabilidades para el juzgador, la defensa del imputado y el propio imputado- nueva acepción- , así como una enorme gama de necesidades a satisfacer en infraestructura y equipo: una de ellas, la relativa a la forma en que se deberá proveer nos plantea la necesidad de contar con más salas de audiencia, personal judicial, equipo, personal de seguridad, celdas en los juzgados, edificios cuya arquitectura sea radicalmente opuesta a la que en estos momentos se emplea en nuestro aparato judicial actual. Ello por supuesto, implica una enorme inversión; y frente a una crisis económica como la actual, se verá altamente comprometido el logro de las metas estimadas por la ambición del político criminal.

Ahora bien, la ventaja es que este nuevo artículo 20 Constitucional tiene principios definidos y por primera vez en la historia del Derecho Procesal Penal Mexicano, el proceso tiene un objeto de ser y de existir: en esta nueva disposición existe un reconocimiento de la presunción de inocencia, el cual se encuentra ya presente en el inconsciente del mexicano y este es base de toda la defensa al imputado- que ya no inculpado -. La oralidad a la vez, permite y obliga a los litigantes a seguir capacitándose y actualizándose en temas cada vez más novedosos, adquirir nuevas competencias, puesto que las defensas en los juicios orales se basarán en argumentaciones especializadas, no en el criterio de un jurado.

A su vez, el ofendido adquiere nuevos derechos ante la Justicia: surge para él la posibilidad de constituirse en coadyuvante, de ser actor en su propia causa y de exigir de manera legal y transparente la reparación de los daños que le fueron ocasionados con motivo del ilícito. Esta situación, en el proceso penal actual, está supeditada a la ética de los abogados, la capacidad de negociación de estos hacia sus clientes y de sus clientes y la observancia de todos hacia el principio de buena fe y respeto a la Ley entre las partes y al interés del propio Juzgador para mediar en la Litis y lograr la satisfacción temprana de los daños ocasionados a la víctima. Al menos en el plano ideal.

Un nuevo sistema de Justicia basado en el proceso penal acusatorio, de corte oral, con preferencia en la mediación, debe a su vez hacernos conscientes de la necesidad de cultivar el adecuado uso del lenguaje, la lectura de los clásicos de la retórica y el estudio profundo de las bases de la argumentación jurídica.

ARTÍCULO 21.- Una facultad novedosa y de suma importancia es la contemplada en el artículo 21, párrafo séptimo, que indica que el Ministerio Público "podrá considerar criterios de oportunidad para el ejercicio de la acción penal en los supuestos y condiciones que fije la ley". Esta reforma se hizo con el propósito según el legislador de atenuar el principio de "oficiosidad" (en realidad de legalidad), para evitar la sobrecarga del sistema de justicia en delitos menores, mismos a los que se aplicarían los criterios de oportunidad, en tanto los recursos disponibles se aplicarían para perseguir los delitos que más ofenden y lesionan a los bienes jurídicos de mayor jerarquía. Si bien este propósito puede tener justificación, el evidente peligro es que bajo estos criterio de oportunidad el Ministerio Público se torne aún más protagónico y pueda incluso negociar impunidades, habrá que ser muy escrupulosos en la regulación de dichos criterios.

Otra facultad también novedosa es la acción penal privada que se contempla en el párrafo segundo del artículo 21, en el cual después de ratificar que el titular del ejercicio de la acción penal ante los tribunales es el Ministerio Público, se expresa "La ley determinará los casos en que los particulares podrán ejercer la acción penal ante la autoridad judicial". Mediante esta nueva facultad se pretende atenuar el monopolio de la acción penal de que ha gozado tradicionalmente al Ministerio Público, para que la persecución procesal en ciertos delitos que pueden llamarse "privados", dependa en mayor medida del interés del ofendido, y no del Ministerio Público, que orientará sus esfuerzos hacia la persecución de delitos en lo que el interés general prevalece.

ARTICULO 22.- Se ha recogido también el principio de la determinación de la pena en el artículo 22 constitucional, primer párrafo, donde se indica que "Toda pena debe ser proporcional al delito que se sancione y al bien jurídico protegido", se pretende con ello que el legislador secundario, al momento de determinar las penas, busque la congruencia entre la sanción y la importancia del bien jurídico que se tutela, así, entre mayor sea la afectación, la pena deberá ser mayor y viceversa.

ARTICULO 73.- Se ha establecido un régimen jurídico de excepción para la llamada delincuencia organizada, mismo que ahora se define en el artículo 16 constitucional, párrafo octavo, entendiéndola como "una organización de hecho de tres o más personas para cometer delitos en forma permanente o reiterada, en los términos de la ley de la materia". Por tal motivo se adicionó también la fracción XXI del artículo 73 para dar atribución al Congreso Federal para legislar en materia de delincuencia organizada, con lo cual dicha materia se federaliza y las entidades federativas no podrán legislar en este aspecto.

ARTICULO 115.- Para la coordinación del Ministerio Público y de las instituciones de seguridad pública de los tres órdenes de gobierno, se realizó la modificación al artículo 115 constitucional, fracción VII, que sigue disponiendo que la policía preventiva estará al mando del presidente municipal, en "los términos de la ley de seguridad pública del estado", para cuando menos homologar la materia al interior de cada entidad federativa.

FINALMENTE, EN EL ARTÍCULO 123, APARTADO B, FRACCIÓN XIII, segundo párrafo, se dispone que los agentes del Ministerio Público, los peritos y los miembros de las instituciones policiales de los tres órdenes de gobierno, podrán ser separados de sus cargos si no cumplen con los requisitos que las leyes exigen para permanecer en dichas instituciones o son removidos por incurrir en responsabilidad. Si por la cualquier causa se termina el servicio y es declarada injustificada por la autoridad jurisdiccional, el Estado solo esta obligado a pagar la indemnización y prestaciones de ley, no así a la reincorporación al servicio. Para el personal del Ministerio Público, de las corporaciones policiales y de los servicios periciales, de sus familias y dependientes, se instrumentarán sistemas complementarios de seguridad social.

CONCLUSIONES

Se requerirá de una verdadera reforma integral penitenciaria, también es cierto que durante muchos años, en México rigió el sistema penal inquisitorio, cuyas premisas fundamentales eran la confesión como reina de las pruebas y la presunción de culpabilidad presente en todos los ordenamientos penales. El procedimiento es escrito y en muchas ocasiones, secreto. Ello a su vez, originó un sin número de injusticias e inequidades, donde los más desprotegidos son quienes carecen de recursos para una buena defensa penal, los inimputables, los menores y los indígenas, así como aquellos que por su condición económica, de desempleo y subempleo así como inflación y carencia de oportunidades de desarrollo, aunados todos estos factores a la criminalidad organizada y la represión de grupos sociales, originan un escenario preocupante para la procuración de Justicia Mexicana.

La interculturalidad es un elemento de esencial estudio para la instrumentación del nuevo orden jurídico penal basado en la mediación y la oralidad derivados de la reforma Constitucional 2008 para garantizar la equidad en el acceso a la Justicia para todos los mexicanos tal y como lo establecen los artículos 1, 2, 4, 8 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En este sentido, la construcción de un proceso penal oral y la estructura para mediar conflictos requiere de la aprehensión de elementos conceptuales que integran la identidad del mexicano por parte de los actores involucrados en la procuración, administración de Justicia y Reinserción Social.

Ahora bien, es menester analizar con suma precaución la Reforma Constitucional en materia penal, someterla a los cambios que sean necesarios y que el legislador del fuero común tenga la capacidad de acotar los preocupantes vacíos que pueden traducirse en un exceso en el abuso de poder de parte de policías. Asimismo, es indispensable preguntarse si el sistema que se plantea no es excesivamente costoso para la situación actual económica de nuestro país.

BIBLIOGRAFÍA.

1.     Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 5 de febrero de 1917. Con reformas.

2.     Reforma judicial en materia penal, Autora:
M.D. Cecilia Natalia Díaz Aguilar,
http://www.monografias.com/trabajos65/reforma-materia-penal/reforma-materia-penal2.shtml

3.     La reforma constitucional en materia penal. Artículo 18 constitucional, Juan Manuel Ramírez Delgado,http://www.ijf.cjf.gob.mx/publicaciones/revista/27/13%20La%20reforma_Revista%20Judicatura.pdf

4.     CONSTITUCIÓN Y NUEVO PROCESO PENAL, Salvador Valencia Carmona, http://www.juridicas.unam.mx/publica/rev/refjud/cont/13/pjn/pjn4.htm

1 comentario:

Anónimo dijo...

excelente análisis! en verdad lastima que no toco el tema del hacinamiento de las cárceles debido a la lenta impartición de justicia en México todavía!